En los últimos meses el país ha vivido una pérdida de empleo histórica en plena pandemia, amenazando la seguridad económica de los trabajadores de forma no vista desde la Gran Depresión. Para algunos, perder el empleo es solo el principio — y llamar a un abogado de incapacidad del Seguro Social puede estar más arriba en la lista de tareas de lo previsto.
La Mayoría lo Pasa Mal; Algunos lo Pasan Peor
Quienes ya viven con afecciones crónicas y progresivas — lupus, esclerosis múltiple o neuropatía diabética, por nombrar algunas — pueden quedarse hoy sin trabajo y estar mañana peor médicamente, sin acceso estable a seguro médico, revisiones y medicamentos. Por eso no es raro perder el empleo y acabar solicitando tanto el Seguro de Desempleo como la Incapacidad del Seguro Social.
Cobrar el Seguro de Desempleo no reduce las prestaciones de jubilación ni de incapacidad del Seguro Social. Pero, ¿cuáles son los escollos de haber cobrado el desempleo antes de que la Administración del Seguro Social decida si reúne los requisitos para la incapacidad?
El SSDI y su Relación con el Desempleo
Como contexto, el proceso de Incapacidad del Seguro Social es un camino largo y tortuoso. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los reclamantes no obtienen una decisión favorable sin esperar unos dos años a una audiencia ante un Juez de Derecho Administrativo (ALJ). E incluso entonces, según las propias estadísticas del Seguro Social, solo alrededor del 45 % de los reclamantes lo consigue — una cifra considerablemente mayor con un abogado cualificado a su lado.
En la audiencia, un abogado con experiencia sabe cómo dar forma a la presentación de cientos o miles de páginas de pruebas médicas junto al testimonio jurado sobre cómo las afecciones del reclamante interfieren en su vida diaria e impiden una «actividad sustancial y lucrativa» — un término jurídico técnico de la Ley del Seguro Social. En el fondo, «actividad sustancial y lucrativa» significa trabajo, y el juez querrá sopesar todas las pruebas antes de decidir si el reclamante puede sostener una jornada de ocho horas, cinco días a la semana, en un entorno laboral competitivo.
Cualquier ingreso obtenido mientras la reclamación está pendiente es examinado con cuidado por el ALJ. Por eso, un desglose trimestral de todos los ingresos sujetos a impuestos durante la tramitación — empleo con W-2, trabajo por cuenta propia, ingresos de seguros de terceros o prestaciones por desempleo — se asocia automáticamente a su «expediente de pruebas» del Seguro Social.
El Conflicto Aparente — y Por Qué Es Conciliable
Con el desempleo en particular surge un conflicto aparente: la persona con una solicitud de incapacidad pendiente ha dicho al Seguro Social que no puede trabajar, pero ha dicho a su Departamento de Trabajo estatal que sí puede trabajar y que está haciendo una búsqueda diligente de empleo. A primera vista parece irreconciliable — pero el Seguro de Desempleo y la Incapacidad del Seguro Social definen «trabajo» de forma bastante distinta y cumplen funciones diferentes.
Para recordar a los ALJ que la capacidad de realizar «trabajo con adaptaciones» no es una base adecuada para denegar prestaciones, el antiguo ALJ Jefe de la agencia emitió un Memorándum en 2006 que dejó claro que una persona puede obtener la Incapacidad del Seguro Social a la vez que obtiene amparo bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) — la cual, igual que el desempleo, presume la capacidad de realizar algún tipo de trabajo. Ese memorándum reforzó la política de larga data del Seguro Social sobre la «actividad sustancial y lucrativa» y confirmó el precedente del Tribunal Supremo (SSR 00-1c; Cleveland v. Policy Management Systems Corp., 526 U.S. 795 (1999)).
Aun así, es fácil ver cómo un ALJ concreto podría interpretar la percepción de ambas prestaciones como una «doble prestación» contradictoria. E incluso cuando el juez valora la cuestión de forma justa, puede perjudicar legítimamente la reclamación como parte de un análisis más amplio de credibilidad (Roberts v. Astrue, D. Mass. 2011). Es exactamente el tipo de cuestión que exige una gestión cuidadosa.